Por: Simón Rodríguez Porras
Todos los sistemas electorales tienden a reflejar las desigualdades e injusticias económicas y sociales, para favorecer a los poderosos. Pese a que el gobierno lo presenta como uno de los sistemas electorales más avanzados del mundo, y suele hacer referencia a la gran cantidad de procesos electorales realizados en los últimos años, lo cierto es que el sistema electoral venezolano es uno de los más antidemocráticos de América Latina. Es importante aprovechar la venidera elección parlamentaria para denunciar las condiciones en las que se vienen desarrollando estos procesos en nuestro país.
Luego de la aprobación en el 2009 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), el sistema consagra una representación mayoritaria y no proporcional en órganos como la Asamblea Nacional, los parlamentos estadales y concejos municipales. Al no haber una distribución proporcional de los cargos, que corresponda aproximadamente a la cantidad de votos obtenidos por cada fuerza a nivel nacional, la ley favorece la sobre representación de la mayoría, tal y como ocurrió hace cinco años en la elección de la Asamblea Nacional, en la que la alianza pro gubernamental obtuvo el 59% de los diputados con aproximadamente el 50% de los votos. Por otro lado, se suprime toda representación de fuerzas emergentes que obteniendo una votación significativa no ganen la mayoría en ningún circuito o lista estadal; un partido podría alcanzar el 5% o el 10% nacional y no obtener ninguna de las 167 bancas de la Asamblea Nacional. De tal forma que la polarización burguesa vigente en Venezuela prácticamente alcanza rango de ley.
La ausencia de topes o controles al gasto de campaña significa que los candidatos del gobierno y de la oposición patronal pueden, como en efecto lo hacen, distribuir alimentos, electrodomésticos, y otros bienes durante sus campañas, atiborrar las ciudades con afiches y pendones, y llenar las páginas de la prensa y las pantallas de televisión con publicidad. En el caso del gobierno, incluso se despliega a una gran cantidad de empleados públicos y recursos estatales para la campaña del Psuv. A esto se suma la ausencia de garantías de acceso a los medios de comunicación para aquellas candidaturas que no cuenten con el financiamiento del Estado y los empresarios. La dinámica del capitalismo más salvaje se impone en las elecciones.
Aspectos menos conocidos del sistema electoral venezolano son los relacionados con la injerencia del CNE en asuntos como la adopción de símbolos, colores y hasta el nombre con el que figuran los partidos y organizaciones políticas en el tarjetón electoral. Una organización política que desee obtener la legalidad electoral debe someter a la consideración de las autoridades electorales tres denominaciones, de las cuales el CNE escoge una (también puede vetar las tres propuestas). Un criterio, notoriamente antidemocrático, para rechazar la denominación de una organización política, es que haga alusión a un sector de la sociedad, de tal forma que se prohíbe que un partido se diga representante de los intereses de los trabajadores o los campesinos, por ejemplo. Para ello, las autoridades se basan en una interpretación interesada de la ley. En el caso de las organizaciones de reciente legalización, el CNE también impone arbitrariamente sus colores y símbolos, como le ha ocurrido al Partido Socialismo y Libertad (PSL), luego de que sus colores y símbolos originales fueran rechazados. Para tales arbitrariedades, el CNE se escuda en el argumento de que una tarjeta no puede asemejarse a otra previamente existente, y que por tal razón no puede usar ningún color que otro partido previamente haya empleado. Dicho criterio no ha impedido al Psuv identificarse con el rojo que empleaba previamente el PCV, o que el Psuv haya llegado al extremo de modificar su tarjeta para incluir el amarillo y el azul como colores secundarios, pese a que está prohibido emplear los colores del pabellón nacional en las tarjetas electorales y hasta en la propaganda electoral.
Las dificultades y los requerimientos para postular una candidatura por iniciativa propia son aún mayores que las que plantea el registro de un partido político regional.
Recientemente, el gobierno también se ha valido de los tribunales para entregar a sus partidarios el control de tarjetas electorales identificadas con la oposición o con posiciones independientes, como en el caso de Podemos, el PPT, y VBR.
A pesar de todas estas dificultades, el PSL logró sortear los obstáculos para su legalización ante el CNE como partido nacional en el 2012, y ha venido aprovechando los procesos electorales para plantear alternativas desde una oposición de izquierda tanto al gobierno como a la MUD. En las elecciones parlamentarias de diciembre volveremos a participar, y nuevamente llevaremos en nuestra tarjeta tanto a militantes de nuestra organización como a activistas sindicales, estudiantiles, campesinos y comunitarios. El PSL es una organización comprometida con un proyecto verdaderamente socialista, sin boliburgueses ni transnacionales, y profundamente democrático, de respeto a la autonomía de las organizaciones obreras y populares, y de defensa de sus derechos y libertades. Aprovecharemos la campaña electoral para visibilizar las luchas de los trabajadores y los sectores populares, y de formular un conjunto de propuestas legislativas tendentes a enfrentar el ajuste que el gobierno y Fedecámaras descargan sobre el pueblo; también denunciaremos duramente las condiciones electorales vigentes, defendiendo la representación proporcional de las minorías y la igualdad de condiciones en el desarrollo de la campaña.
Llamamos a todos los activistas que comparten esta perspectiva a sumarse a la campaña del PSL, como colaboradores o como candidatos, para forjar un espacio de rebeldía y protesta, que visibilice demandas y propuestas democráticas y revolucionarias que de otra forma quedarían invisibilizadas en el deslucido coro de la política polarizada que protagonizan el gobierno y las dos facciones de la MUD.